El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado un estado de excepción por 60 días en siete provincias del país, como respuesta a las crecientes protestas por el fin del subsidio al diésel. La medida, que busca contener la "grave conmoción interna", suspende la libertad de reunión y otorga a las fuerzas de seguridad la potestad de desarticular manifestaciones.
La decisión gubernamental se produce tras el incremento del precio del diésel de $1.80 a $2.80 por galón, una medida que ha generado el descontento de colectivos de trabajadores y estudiantes que aseguran que impactará negativamente el costo de vida. Las protestas, que iniciaron el lunes con el cierre de vías por parte de camioneros, se han intensificado. Este martes, la Panamericana Norte amaneció bloqueada con piedras y tierra en el acceso a la capital.
El gobierno argumentó que los bloqueos han causado "complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos" y afectado la economía. Las provincias bajo estado de excepción son: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.
La tensión social continúa en aumento. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ha convocado una marcha para el 23 de septiembre, mientras que estudiantes universitarios han programado una protesta en Quito para la tarde de este martes.
Este no es el primer conflicto de este tipo en Ecuador. Los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso también enfrentaron violentas manifestaciones, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), tras intentos similares de elevar el precio de los combustibles.