Los recientes ataques de Estados Unidos contra barcos procedentes de Venezuela en aguas internacionales han abierto un fuerte debate: ¿están amparados por la ley o son una violación flagrante del derecho internacional?
El gobierno de Donald Trump sostiene que las operaciones navales y aéreas forman parte de una “guerra contra el narcotráfico” y que hundir embarcaciones cargadas de drogas protege la seguridad de los estadounidenses. El despliegue del Comando Sur con destructores, submarinos y cazas F-35 refleja la seriedad de esta ofensiva.
Sin embargo, expertos en derecho internacional señalan que los operativos carecen de base legal. La Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar establece que los buques en aguas internacionales solo pueden ser intervenidos en casos excepcionales, como piratería o trata de personas. Ni el narcotráfico ni la etiqueta de “narcoterrorismo” justifican el uso de fuerza letal contra tripulaciones civiles.
Para los analistas, calificar a estos barcos como amenazas militares no convierte automáticamente a sus ocupantes en objetivos de guerra. Si no existe una amenaza inminente contra vidas humanas, disparar contra embarcaciones constituye una violación al principio de proporcionalidad y a las normas básicas del derecho marítimo.
Mientras Washington insiste en continuar con los ataques, Caracas denuncia que se trata de una maniobra política para presionar un cambio de régimen. La controversia sigue abierta: lo que para EE. UU. es una estrategia de seguridad, para muchos juristas es una peligrosa transgresión de la legalidad internacional.
