La tensión que se vivió en La Paz durante una jornada de marchas y protestas terminó transformándose en un acuerdo de gran alcance entre el Gobierno y los sindicatos mineros de Bolivia. El objetivo central es enfrentar de manera conjunta a la minería ilegal, un fenómeno que no solo genera pérdidas millonarias, sino que también provoca conflictos sociales y atenta contra la seguridad de los trabajadores.
El pacto, firmado casi a la medianoche, incluye la participación del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y las propias empresas mineras. Estas instituciones coordinarán acciones para frenar los avasallamientos de concesiones, el robo de mineral y la explotación fuera de la ley, problemas que se han vuelto frecuentes en varias regiones del país.
Según Edwin Peredo, representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), las movilizaciones se suspendieron inmediatamente después de la firma del acuerdo. El dirigente señaló que los mineros cumplirán su parte del compromiso, pero también exigió que el Gobierno garantice resultados concretos en la protección de las minas. “Lo que pedimos es seguridad jurídica y laboral, porque no podemos seguir siendo víctimas de grupos ilegales”, afirmó.
Las minas más golpeadas por estos hechos son Andacaba, Reserva Tres Amigos, Porco, Colquiri y Caracoles, donde se han reportado intentos de toma de concesiones, enfrentamientos y pérdidas materiales. Estas situaciones no solo afectan a los trabajadores y las empresas, sino también a la economía nacional, ya que reducen la producción de minerales estratégicos.
El ministro de Minería, Santos Laura, destacó que el pacto marca un cambio de rumbo en la forma de encarar la problemática minera. “Este es un esfuerzo conjunto para garantizar un desarrollo sostenible, respetando el marco legal y la seguridad de los trabajadores”, declaró. El ministro insistió en que la minería es un pilar económico del país y que su defensa requiere la unión del Estado, los sindicatos y las empresas frente a los actores ilegales.
Con este acuerdo, el Gobierno y los mineros buscan blindar uno de los sectores más importantes de Bolivia. Sin embargo, queda la pregunta de si las medidas anunciadas serán suficientes para contener la expansión de la minería ilegal, que en los últimos años ha demostrado una fuerte capacidad de organización y financiamiento.
