A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre, el proceso electoral boliviano enfrenta una controversia: un grupo de candidatos presentó un recurso judicial que cuestiona cómo se asignan los escaños en la Cámara de Diputados, generando un debate sobre la interpretación de la Ley 026 de Régimen Electoral.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, confirmó que en Santa Cruz se presentó un amparo constitucional que busca modificar la asignación de curules uninominales y plurinominales. Advirtió que aceptar la demanda podría “distorsionar” la ley y afectar principios fundamentales como la proporcionalidad y la preclusión.
La diputada María René Álvarez denunció que, en la práctica, se sigue aplicando un sistema heredado del derogado Código Electoral de 1999, que priorizaba los triunfos uninominales sobre la representación proporcional. Según Álvarez, esta lógica contradice la Constitución de 2009 y la Ley 026, que protegen la proporcionalidad como derecho político.
Expertos electorales, como María Angélica Ruiz, explican que la normativa vigente asigna primero los escaños proporcionalmente según los votos válidos, luego los uninominales y finalmente los plurinominales, asegurando que el voto directo no sacrifica la proporcionalidad. Si un partido gana más uninominales de los que le corresponden, se ajusta sobre la organización menos votada.
El conflicto refleja dos posturas contrapuestas: quienes cuestionan la aplicación actual de la ley y quienes defienden la vigencia plena de la proporcionalidad como principio constitucional. La disputa ha generado preocupación en el TSE sobre posibles alteraciones en la composición parlamentaria ya definida en las elecciones del 17 de agosto.
Con la segunda vuelta presidencial cerca, la resolución de este debate será decisiva no solo para la distribución de escaños, sino también para la estabilidad institucional y la legitimidad del proceso electoral en Bolivia.
