En plena emergencia productiva, el Gobierno decidió dar oxígeno al campo: inyectará 35 millones de litros de diésel en los próximos dos meses para asegurar la campaña agrícola de verano.
El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores Lazo, prometió un abastecimiento priorizado y subvencionado para el sector agropecuario, golpeado por la escasez de carburante. La medida apunta a garantizar cultivos clave como arroz, maíz, caña y oleaginosas, cuya producción define el precio y la disponibilidad de alimentos en todo el país.
El plan forma parte de una meta mayor: cubrir los 195 millones de litros que demanda todo el ciclo agrícola. Hasta ahora, el Gobierno distribuyó 21 millones en agosto y septiembre; con los nuevos 35 millones espera cerrar la brecha. Para reforzar el operativo, se desplegaron estaciones móviles en zonas productivas.
Pero la promesa de abastecimiento choca con una paradoja cada vez más evidente:
Bolivia importa más del 80% del diésel que consume.
El subsidio estatal supera los 2.000 millones de dólares al año, presionando las finanzas públicas.
El contrabando erosiona la estrategia: en países vecinos, el litro cuesta hasta tres veces más que los 3,72 bolivianos congelados en el mercado interno.
La nueva inyección de diésel puede aliviar momentáneamente la crisis del campo, pero no resuelve la pregunta de fondo: ¿cuánto tiempo más podrá el Estado sostener un modelo de subsidios que se escapa, literalmente, por las fronteras?
