Estados Unidos ha dado un paso decisivo hacia un control migratorio sin precedentes. Desde el 26 de diciembre, todo extranjero que ingrese o abandone el país deberá entregar sus huellas y dejar registro facial en los puntos fronterizos, aeropuertos y puertos marítimos. La medida incluye a turistas, trabajadores temporales, estudiantes, e incluso menores y adultos mayores.
El Departamento de Seguridad Nacional asegura que este sistema biométrico de “entrada y salida” busca reforzar la seguridad y evitar el uso de documentos falsos o el ingreso de personas que representen una amenaza. Sin embargo, organizaciones y expertos legales advierten que el alcance del control abre la puerta a un modelo de vigilancia masiva que pone en riesgo la privacidad y los derechos de los viajeros.
La abogada Kate Lincoln-Goldfinch, especialista en temas migratorios, alerta que esta política podría marcar el inicio de un seguimiento permanente a los no ciudadanos. “Es esencial que se garanticen salvaguardias y límites claros. No se puede tratar a todos los extranjeros como sospechosos”, advirtió.
