El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció este viernes el inicio de una investigación interna contra los funcionarios judiciales que intervinieron en los procesos ordinarios contra la expresidenta Jeanine Áñez, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la sentencia de diez años de prisión que pesaba sobre ella.
Según Baptista, la decisión del TSJ dejó en evidencia que las autoridades que condujeron el caso actuaron sin competencia, puesto que la exmandataria debía ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria.
“Todos los jueces, vocales o personas dependientes del Órgano Judicial que hayan intervenido en esta causa y tomado decisiones van a ser investigados por la probable falta de haber actuado sin competencia”, señaló Baptista.
El titular del Consejo precisó que, si se comprueba que algunos funcionarios asumieron atribuciones indebidas, se iniciarán procesos disciplinarios por faltas gravísimas, que podrían derivar en la destitución de los implicados.
La resolución emitida el miércoles por el TSJ —que deja sin efecto la condena contra Áñez por los hechos vinculados a la crisis política de 2019— ha abierto nuevamente el debate sobre los límites de la jurisdicción ordinaria y la aplicación del juicio de responsabilidades en casos que involucran a exmandatarios.
El anuncio del Consejo marca un nuevo capítulo en una controversia que no solo interpela a la administración de justicia, sino también al manejo institucional de los procesos políticos en Bolivia.
