El presidente Luis Arce solicitó formalmente la suspensión de la prueba de ADN en el proceso que le sigue Brenda Lafuente, exfuncionaria que lo acusa de abandono de mujer embarazada y exige asistencia familiar para el niño que asegura haber tenido con él. En un documento fechado el 30 de octubre y firmado por Arce y su abogada Roxana Cardozo, el mandatario argumenta que las convocatorias públicas para la toma de muestras podrían humillar o denigrar al menor y solicita que el caso sea declarado en reserva, garantizando medidas de protección para preservar su dignidad y seguridad.
La decisión se conoció luego de que Lafuente acudiera al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en Cochabamba con su bebé en brazos, mientras Arce no se presentó a la instancia. En el escrito, el Presidente señala que los actos públicos de la parte denunciante buscan “desnaturalizar” la investigación y convertir el proceso en un espectáculo mediático, exponiendo innecesariamente al menor a la atención pública. La medida busca resguardar los derechos del niño y evitar que la situación legal se transforme en un conflicto mediático.
Paralelamente, días antes, Arce presentó un documento ofreciendo una asistencia provisional de Bs 2.635 mensuales a Lafuente para la manutención del niño mientras dure el proceso judicial. Esta propuesta, según fuentes judiciales, demuestra la intención del mandatario de cumplir con las obligaciones familiares de manera inmediata, a la espera de que se resuelvan los procedimientos legales que determinen la paternidad y los derechos del menor. La causa continúa bajo vigilancia mediática, en medio de críticas y debates sobre la exposición pública de los niños en procesos legales.
