A cien días de gestión, el presidente Rodrigo Paz enfrenta un escenario económico marcado por decisiones drásticas y desafíos estructurales aún sin resolver. La eliminación de la subvención a los combustibles se convirtió en la medida más contundente del inicio de su mandato, en medio de escasez de carburantes, inflación elevada y un déficit fiscal que ronda el 12% del PIB.
El ajuste buscó frenar el deterioro de las cuentas públicas tras años de presión sobre el gasto estatal. La subvención, vigente por más de dos décadas, representaba una de las mayores cargas fiscales. Su levantamiento redujo esa presión y envió una señal a los mercados internacionales: el riesgo país cayó de niveles superiores a los 2.200 puntos a menos de 500, reflejando una mejora en la percepción externa sobre la sostenibilidad macroeconómica.
Sin embargo, el costo interno fue inmediato. El traslado del precio real de los combustibles impactó en el transporte y en los alimentos, alimentando una inflación que cerró 2025 en 20,40%, una de las más altas de la región. El Gobierno implementó bonos y diferimientos tributarios para amortiguar el golpe, aunque el crecimiento aún no muestra señales claras de recuperación. Al tercer trimestre, el PIB registraba una contracción de -1,4%.
Las cifras revelan la magnitud del desafío: reservas internacionales en torno a $us 3.713 millones a diciembre, una deuda externa superior a $us 13.500 millones y un saldo comercial negativo. Además, persiste una deuda flotante que limita el margen de maniobra fiscal.
Más allá del ajuste, el gran pendiente está en la Asamblea Legislativa. Proyectos clave como nuevas leyes de Inversiones, Hidrocarburos, Minería y Litio, junto con una reforma laboral y cambios tributarios, continúan sin aprobación. Sin ese respaldo normativo, la estabilización corre el riesgo de quedarse en contención y no convertirse en reactivación.
El inicio de gestión también estuvo marcado por controversias en el sector hidrocarburos, desde cuestionamientos por la calidad de combustibles hasta observaciones en procesos de importación, lo que evidenció la fragilidad del sistema en plena transición hacia un esquema sin subvención.
El Gobierno sostiene que el país recuperó confianza y ordenó sus finanzas; los analistas advierten que la estabilidad, por sí sola, no garantiza crecimiento. El verdadero examen comenzará cuando las reformas estructurales pasen del discurso al voto legislativo y se traduzcan en inversión, empleo y producción sostenida.
