En un intento por recomponer la relación entre el Estado y los contribuyentes, el Gobierno boliviano presentó un paquete de cinco medidas económicas que busca aliviar cargas pasadas, simplificar el sistema impositivo y fomentar la formalización. El anuncio fue realizado durante el Congreso Empresarial 2026 en Cochabamba por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.
Más que un simple ajuste técnico, la propuesta apunta a un cambio de enfoque: pasar de un sistema percibido como punitivo a uno que incentive la formalidad y la reactivación productiva.
Borrón y cuenta nueva hasta 2017
El eje más llamativo del paquete es la condonación total —capital, intereses y multas— de las deudas tributarias acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre que no superen los Bs 10 millones.
La medida busca reincorporar a pequeños y medianos contribuyentes que arrastran obligaciones antiguas que hoy les impiden operar con normalidad. Cuentas congeladas, bienes inmovilizados y procesos administrativos prolongados han dejado fuera del circuito formal a numerosos negocios. La intención oficial es clara: traerlos de vuelta al sistema y ampliar la base tributaria en lugar de mantenerlos en la marginalidad.
Plan de regularización para deudas recientes
Para las obligaciones generadas desde 2018, el Gobierno propone eliminar intereses y multas y habilitar un plan de pagos de hasta 24 meses. Una vez aprobada la ley, los contribuyentes tendrán 120 días para acogerse a este mecanismo, ya sea cancelando al contado o mediante cuotas.
El mensaje político es doble: alivio inmediato, pero también incentivo a la regularización voluntaria.
Ajuste técnico al IVA para simplificar
Otro cambio relevante es el ajuste en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Actualmente, la tasa efectiva es de 14,94%, aunque nominalmente se habla de un 13%. El Ejecutivo propone “transparentar” el tributo retirándolo de la factura, lo que formalizaría la tasa en 13%.
Según el Ministerio, esta modificación reduciría errores administrativos, disminuiría fiscalizaciones y facilitaría la gestión contable, especialmente para pequeñas empresas. Además, podría contribuir a una mayor estabilidad en la formación de precios.
Nace el régimen SIETE: simplificación y formalización
Quizás el cambio estructural más significativo es la creación del régimen tributario especial denominado SIETE.
Este nuevo esquema integrará el IVA, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transferencias (IT) en un solo tributo del 5% bimensual sobre el ingreso bruto, dirigido a contribuyentes con ventas anuales menores a Bs 400.000.
El objetivo es facilitar la formalización de proveedores en sectores como gastronomía, construcción y servicios. Quienes se acojan podrán emitir factura sin que ello les genere una obligación fiscal adicional. La adhesión será voluntaria.
En términos prácticos, se trata de reducir la complejidad tributaria para micro y pequeños negocios, que muchas veces evitan formalizarse por temor a cargas administrativas y sanciones.
Menos tiempo, menos incertidumbre
Finalmente, el Gobierno plantea reducir los plazos de prescripción de fiscalizaciones de ocho a cuatro años, y limitar a dos años el tiempo para iniciar procesos. Con ello se busca equilibrar responsabilidades entre el Estado y los contribuyentes y reducir la incertidumbre jurídica prolongada.
Un cambio de lógica
Más allá de las cifras, el paquete refleja una estrategia política y económica: priorizar la ampliación de la base formal antes que la presión recaudatoria sobre los ya registrados. El desafío ahora será doble: lograr la aprobación legislativa y generar confianza suficiente para que los contribuyentes respondan al llamado.
Si prospera, el plan podría marcar un giro en la política tributaria boliviana, apostando por la simplificación, la regularización y la formalización como motores de la reactivación económica.
