El expresidente Evo Morales expresó sorpresa y cautela ante las denuncias que salpican a quien fue su vicepresidente durante más de una década, Álvaro García Linera. Las acusaciones apuntan a presuntos vínculos con una red de corrupción dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), un tema que vuelve a poner en el centro del debate la gestión pasada del sector energético.
Durante su programa en radio Kawsachun Coca, Morales evitó emitir un juicio definitivo, pero dejó entrever la gravedad del asunto. Señaló que espera que las denuncias no sean ciertas, aunque advirtió que, de confirmarse, implicarían una seria desviación hacia intereses privados dentro de una empresa estratégica del Estado. “Tarde o temprano se sabrá la verdad”, afirmó, marcando distancia sin romper completamente con su antiguo aliado político.
Las declaraciones de Morales surgen en un contexto de creciente tensión interna, luego de que el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, revelara indicios que conectarían a actores actuales con estructuras heredadas de gestiones anteriores. Según explicó, las investigaciones sobre Marcelo Arce Mosqueira —hijo del actual mandatario Luis Arce— apuntan a una red más amplia, donde aún persistirían figuras vinculadas al entorno de García Linera.
De acuerdo con Paredes, dispositivos electrónicos incautados evidenciarían una “comunicación fluida” entre estos actores, lo que sugiere la continuidad de relaciones y posibles estructuras de poder dentro de YPFB. En su lectura, no se trataría de hechos aislados, sino de redes que habrían logrado mantenerse en el tiempo, adaptándose a distintos momentos políticos.
Así, el caso no solo plantea interrogantes sobre responsabilidades individuales, sino que también abre un debate más profundo sobre la persistencia de mecanismos de influencia dentro de las empresas estatales y las fracturas internas en el oficialismo boliviano.
