En un movimiento que busca redefinir las reglas del juego en la administración pública, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes el Decreto Supremo 5600, una norma que apunta directamente a uno de los mecanismos más cuestionados de las últimas décadas: las contrataciones directas.
Más que un ajuste técnico, la medida se presenta como una ruptura con un modelo que, según el actual Gobierno, consolidó espacios de discrecionalidad, debilitó la competencia y abrió la puerta a irregularidades en el uso de recursos estatales.
Durante años, distintas entidades públicas operaron bajo un entramado de más de 160 disposiciones que habilitaban la contratación sin licitación. Estas excepciones, concebidas inicialmente como herramientas ágiles de gestión, terminaron convirtiéndose —según la narrativa oficial— en una práctica extendida que evitaba controles, inflaba costos y, en algunos casos, facilitaba hechos de corrupción.
El Decreto Supremo 5600 busca cerrar ese ciclo. A partir de ahora, la regla será clara: toda compra estatal deberá someterse a procesos de licitación pública, bajo criterios de transparencia, competencia y eficiencia. La intención es limitar al máximo la discrecionalidad y devolverle al sistema su carácter abierto.
Uno de los puntos más sensibles de la norma es su alcance sobre las empresas públicas estratégicas, históricamente beneficiadas por regímenes más flexibles. Con la nueva disposición, estas entidades también quedan sujetas a reglas más estrictas, eliminando privilegios que permitían adjudicaciones directas.
Pero el decreto no solo mira hacia adelante. También pone la lupa en el pasado. El Gobierno ha instruido a los ministerios realizar un relevamiento exhaustivo de todas las contrataciones directas realizadas en gestiones anteriores. El objetivo: identificar posibles irregularidades y establecer responsabilidades, en un proceso que deberá reglamentarse en un plazo de 30 días.
Desde el Ejecutivo, el mensaje es contundente. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, describió la medida como un intento de “destapar el estado cloaca”, una expresión que sintetiza la lectura oficial sobre la situación heredada. Según explicó, las primeras revisiones ya han revelado casos de infraestructura abandonada, hospitales sin funcionamiento y adquisiciones realizadas sin procesos competitivos.
Sin embargo, el Gobierno insiste en que la iniciativa no tiene un carácter persecutorio, sino correctivo. La apuesta, aseguran, es reconstruir la confianza en las instituciones públicas y garantizar que el gasto estatal responda a criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad.
Aun así, el decreto mantiene algunas excepciones puntuales, como las contrataciones autorizadas por ley o aquellas realizadas en el exterior, lo que sugiere que el equilibrio entre control y operatividad seguirá siendo un desafío.
Con el DS 5600, la administración de Paz intenta marcar un punto de inflexión. El verdadero alcance de la medida, no obstante, dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del Estado para sostener, en el tiempo, un sistema de contrataciones más abierto, competitivo y vigilado.
