El Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) sellaron un acuerdo de pacificación que establece un plazo máximo de 90 días para cumplir una serie de compromisos estructurales. En el ámbito económico y social, el Ejecutivo se comprometió formalmente a no privatizar las empresas públicas estratégicas ni entregar los recursos naturales a intereses privados, además de activar mesas técnicas para debatir la distribución de recursos bajo la propuesta del pacto fiscal 50/50 y revisar la Ley de Pensiones para proteger la canasta familiar.
El pacto también incluye fuertes medidas de fiscalización y justicia, destacando la creación de una comisión legal para gestionar la liberación de detenidos en las recientes movilizaciones y garantizar que no habrá persecución política ni judicial contra los dirigentes. Asimismo, el documento estipula la investigación a fondo de los polémicos casos denominados "narcomaderas" y "narcomaletas", junto con la realización de una auditoría internacional sobre la calidad de los carburantes, identificada en el pliego como "gasolina basura".
Finalmente, el acuerdo aborda la garantía de abastecimiento de combustibles, el fortalecimiento de la producción nacional y la protección estricta de las áreas protegidas del país. Ambas partes acordaron que todas las mesas técnicas y compromisos asumidos en materia de derechos humanos, economía y medio ambiente deberán ejecutarse de manera oportuna y sin exceder el tiempo límite de tres meses fijado en el documento.
