Tras más de 50 días de conflictos, bloqueos y pérdidas económicas en el país, el presidente Rodrigo Paz anunció la declaratoria de Estado de excepción y defendió la estrategia asumida por su gobierno, asegurando que recurrir a la fuerza desde el inicio habría favorecido a grupos vinculados al narcoterrorismo. Según explicó, la prioridad fue diferenciar entre demandas legítimas de sectores sociales y una presunta estructura organizada con fines políticos.
La autoridad sostuvo que durante semanas se apostó por el diálogo con campesinos, transportistas y gremiales, logrando acuerdos con la mayoría de estos sectores. En ese contexto, remarcó que una intervención inmediata habría significado tratar de la misma forma a ciudadanos con reclamos válidos y a actores que —según denunció— operan con intereses desestabilizadores desde el Chapare.
El mandatario afirmó que, una vez reducidas las protestas sociales, quedó en evidencia un núcleo que ya no responde a reivindicaciones sectoriales, sino a un intento de quiebre del orden democrático. En esa línea, calificó la actual situación como una amenaza impulsada por el narcoterrorismo.
Paz también aseguró que el Estado de excepción no busca restringir derechos ni proteger a su administración, sino restablecer el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, además de garantizar la libre circulación, especialmente en regiones como La Paz y El Alto, donde miles de trabajadores han sido afectados por la crisis.
