Con el país tensionado tras casi dos meses de bloqueos y conflictos en distintas regiones, el Gobierno activó un Estado de excepción de alcance nacional con el objetivo de recuperar el control de las carreteras y restablecer la normalidad en la vida cotidiana. La medida, oficializada mediante un decreto supremo, impone un conjunto de restricciones dirigidas a frenar las acciones que han paralizado el transporte, el abastecimiento y servicios esenciales.
El mensaje desde el Ejecutivo fue claro: no se permitirá que continúe la interrupción de actividades fundamentales. En ese marco, se prohíbe cualquier forma de presión o coacción que obligue a personas o sectores a sumarse a bloqueos o movilizaciones, al tiempo que se refuerza la protección del libre tránsito, especialmente para ambulancias, transporte de alimentos, combustibles y medicamentos.
Además, se endurecen las medidas contra actos que afecten infraestructura pública o privada considerada estratégica, así como contra el uso o traslado de materiales peligrosos que puedan poner en riesgo a la población. Las autoridades también establecieron perímetros de seguridad que deberán ser respetados estrictamente para garantizar el funcionamiento de servicios básicos.
La decisión marca un punto de inflexión en la crisis, trasladando el conflicto a un escenario de mayor control estatal, con la promesa de restituir el orden frente a una situación que ya impacta directamente en la economía y la vida diaria de los bolivianos.
