El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su presidente, Romer Saucedo, ha ordenado una revisión general de los plazos de detención preventiva en todo el país. La instrucción busca organizar "jornadas de verificación de plazos" para garantizar que las medidas cautelares se cumplan según lo establecido por la ley.
Esta decisión surge tras la controversia generada por la revisión de los casos de la expresidenta Jeanine Áñez y los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. La medida inicial provocó protestas por parte de reclusos en varias cárceles del país, quienes exigieron que la revisión se extendiera a todos los que se encuentran en situación de detención preventiva.
En respuesta a estas demandas, el TSJ instruyó este lunes a los presidentes de los Tribunales Departamentales que, en un plazo máximo de 24 horas a partir de la notificación, revisarán los plazos de todas las detenciones preventivas.
La resolución también establece que si un proceso judicial se lleva a cabo en un distrito diferente al lugar donde el procesado cumple su detención, este deberá ser trasladado a la jurisdicción correspondiente. Alternativamente, se podrá hacer uso de medios tecnológicos y audiencias virtuales para llevar a cabo la revisión.
